26 de enero de 2024 – 22:59
Este viernes por la mañana, la brigada de la Policía Federal con asiento en San Rafael, junto con otros organismos nacionales, realizó un allanamiento en una finca ubicada en Real del Padre y rescató a diez hombres mayores de edad, que se encontraban trabajando bajo un régimen de explotación laboral.
La investigación se originó a principios de enero a raíz de una denuncia radicada por uno de los trabajadores que, tras haber conseguido escapar del lugar, se puso en contacto con el Ministerio Público Fiscal sanrafelino, encabezado por el dr. Ignacio Sabás.
En su relato ante la Justicia, el hombre contó que el encargado de la finca lo había contactado para trabajar en la cosecha de peras y duraznos, ofreciéndole una muy buena remuneración económica, por lo que aceptó y viajó a Mendoza desde la provincia de Salta.
El problema fue que, una vez que comenzó a trabajar, se dio cuenta de que nada de lo que le prometieron era cierto: la paga era mucho menor a la que había sido pactada y las condiciones habitacionales eran muy precarias.
Con esta información, comienza la investigación de la brigada de la División Unidad Operativa Federal San Rafael de la Policía Federal que logró determinar con exactitud el lugar y la identidad de la persona denunciada. Además, mediante averiguaciones, seguimientos y filmaciones, pudieron determinar que efectivamente este hombre se dedicaba a contactar personas del norte del país, como Salta y Tucumán, entre otras, les pagaba el pasaje del colectivo con la promesa de un buen trabajo en la cosecha y que de su sueldo le descontarían el costo de su traslado.
Los investigadores también consiguieron constatar que el denunciado tenía dos camiones en los cuales, junto a su hermano y a su padre, trasladaba a los trabajadores a fincas cercanas desde muy temprano y hasta el anochecer, siempre bajo su supervisión.
Con las pruebas reunidas, se consiguió la orden de allanamiento de la finca que autorizaba también la participación de organismos nacionales especializados en cada área como: el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata; la Delegación local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). Por su parte, personal de Investigaciones de General Alvear llegaron al punto indicado en busca de material que había sido utilizado para amenazar al denunciante.
Una vez que allanaron el lugar, la Policía Federal junto con la Policía local y el resto de los organismos específicos, descubrieron que estas personas vivían en condiciones extremadamente precarias, ya que sus habitaciones no contaban con puertas ni ventanas, y las aberturas del lugar se encontraban cerradas con nylon oscuro, lo que les impedía la vista al exterior. Las camas y colchones se encontraban muy deteriorados y ni siquiera contaban con ducha de agua caliente.
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La sorpresa fue mayor cuando inspeccionaron los baños, ya que a varios metros del lugar que habitaban, habían improvisado sanitarios con postes y nylon, dentro de los cuales habían hecho un pozo que oficiaba de letrina. Otros de los “baños”, estaba cerrado con ladrillos encimados, sin ningún tipo de estabilidad y cuya altura no superaba el metro, también con un pozo tipo letrina.
El Juez Federal Eduardo Puigdéngolas aguardará los informes policiales y de los organismos, siendo fundamental el que surgió de las entrevistas realizadas por las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, para determinar las responsabilidades de cada uno de los identificados, pero en principio, dispuso la detención de uno de ellos y el secuestro de documentación de interés para la causa como: teléfonos celulares, notebooks, fichas que utilizaban para el pago y los dos camiones en los que trasladaban a las víctimas.