Fuego cruzado entre Bullrich y los Moyano por el primer paro de la CGT contra Milei

La conducción de la CGT avanzó este miércoles con los detalles organizativos del primer paro general contra la administración de Javier Milei que concretará el próximo 24 de enero e incluirá una masiva movilización al Congreso para expresar su rechazo al mega-decreto y la ley ómnibus del gobierno libertario. Y en el marco de esos preparativos decidió avanzar con una presentación judicial para reclamar que, durante de la huelga, suspenda la aplicación del denominado «protocolo antipiquetes» que implementó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como parte de su política para contener protestas, bloqueos y cortes de calles.

«Vamos a pedir a la Justicia que se garantice que todos los que quieran movilizarse para manifestar su rechazo a las medidas del Gobierno lo puedan hacer libremente y sin amedrentamientos», indicó a Clarín uno de los principales referentes de la central obrera sobre la decisión de la llevar su reclamo al terreno judicial.

La ofensiva de la CGT, que también acordó con los gremios del transporte que realicen el paro del próximo miércoles en un horario reducido (entre las 19 y las 24) para asegurar el traslado de los manifestantes a la marcha, avizora un nuevo frente de tormenta directo entre los sindicalistas y Bullrich, más allá de la batalla abierta de la CGT con el Gobierno por la profundidad de los cambios laborales incorporados por Milei en el DNU y la falta de un canal de negociación, que derivó en la definición del paro general.

Los ánimos sindicales con Bullrich se caldearon en los últimos días primero a raíz de las intimaciones a pagar multas millonarias que envió a los gremios que participaron de la protesta del 27 de enero frente a tribunales y, después cuando la ministra anunció la habilitación de la línea 134 para que los trabajadores denuncien «amenazas o extorsiones» para que adhieran al paro.

«Ante el conocimiento de la existencia de extorsiones, amenazas y aprietes a trabajadores y trabajadoras para que el 24 de enero se sumen al paro contra su voluntad, por el peligro de perder su puesto o el plan que cobran, el Ministerio de Seguridad habilitó el 134 para recibir denuncias», informó el martes la cartera. Y alentó a «que se animen a llamar» para defender «su derecho a trabajar y vivir en libertad» y aseguró que «las denuncias pueden ser anónimas».

Este miércoles Bullrich publicó otro comunicado en el que anunció que ante «el gran caudal de denuncias recibidas» en el 134, el Ministerio también habilitó un correo electrónico ([email protected]) para recepcionarlas. «Si sos víctima de extorsión por parte de quienes quieren parar el país, denuncialos», desafió en el texto que difundió en su cuenta de X.

Pablo Moyano, numero dos de Camioneros y miembro del triunvirato de conducción de la central obrera, fue el primero en recoger el guante para responder a la funcionaria y apuntó de lleno contra el protocolo antipiquetes. “Se va a arrancar con un piso de 100.000 personas porque son 100.000 milicos los que nos va a mandar Bullrich”, ironizó el dirigente y pidió: “Va a ser una marcha grande, por la vereda no vamos a poder estar. Espero que tenga raciocinio esta señora y no venga a provocar a los laburantes”.

Hasta el propio Hugo Moyano, viejo enemigo de Bullrich desde su paso por el ministerio de Trabajo de la gestión de Fernando De la Rúa, decidió romper el silencio después de mucho tiempo y le reprochó a la ministra por las multas que intentó imponer a los sindicatos. “Es arbitraria y disparatada intimación”, acusó el líder camionero y ratificó su plena adhesión al paro al advertir que el DNU y la ley ómnibus de Milei “no ajustan a la casta sino que procuran eliminar derechos y dignidad y, el objetivo final, es instalar una esclavitud moderna”.

A su vez, al término de la reunión cegetista para definir los detalles del paro, otro de los triunviros de la conducción, Héctor Daer, advirtió a Bullrich que la movilización del miércoles “será muy grande y no habrá inconvenientes”, por lo que le aconsejó al Gobierno que “se quede tranquilo y no gaste plata en cifras astronómicas sobre supuestos costos en operativos del protocolo antipiquetes, porque los trabajadores y el pueblo saben cuidarse”.

También los gremios del transporte agrupados en la CATT se pronunciaron contra la implementación del protocolo durante el paro general. “Pretender aplicar el protocolo antipiquetes ese día es impracticable, imposible, 500 mil personas no pueden marchar por la vereda. Esperamos que Bullrich lo entienda de una vez porque se trata de ejercer el legítimo derecho constitucional a manifestarse”, alertó el dirigente Juan Carlos Schmid.

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