El Gobierno apelará el fallo de la Cámara del Trabajo que frenó ante el planteo de la CGT el segmento laboral del DNU «desregulador» de Javier Milei y pedirá la «incompetencia» de ese fuero para tratar el expediente para que, así, pueda ser tratado por un tribunal federal en lo contencioso administrativo.
En el Ejecutivo cuestionaron la resolución por «contradecir» otros dictámenes judiciales sobre el mentado decreto y deslizaron que la misma tendría un «trasfondo político» que buscaría paralizar las reformas que promueve la actual administración con el objetivo de desregular la economía y otras actividades.
Será la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, quien tome cartas en el asunto y recurra el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral.
En el oficialismo destacaban este miércoles que el cuerpo de abogados del Estado aún no había sido notificado -el tribunal tiene 3 días de plazo para cumplimentar el trámite- pero que una vez recibido el expediente, se pedirá «inmediatamente la incompetencia del Fuero del Trabajo«.
El objetivo de última instancia es que el expediente sea enviado al fuero en lo contencioso. Si bien fuentes cercanas al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, argumentan que corresponde «al fuero administrativo» saldar la decisión porque es la jurisdicción de origen, también es cierto que se trata de los tribunales en los que Barra se sentiría más cómodo para litigar. Este exministro de la Corte menemista es un reconocido experto en el Derecho administrativo.
Es que el Procurador insistirá en que el tema sea competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y no del fuero laboral, como ya sostuvo el fiscal del fuero del Trabajo, Juan Manuel Domínguez. En su argumentación, detallará que es en dicho fuero donde se tramitan juicios contra el Estado y reclamará la plena vigencia del DNU 70/2023.
Como sea, en el oficialismo salieron a cruzar el fallo del tribunal de alzada por entender que dos de sus magistrados «desoyeron» el criterio que adoptaron otros tribunales del país en tanto enviaron el expediente al fuero administrativo; no sólo citaron al mencionado fiscal Domínguez sino también a la jueza María Dora González, que votó en minoría en el fallo en cuestión.
Suspicaz, un funcionario consultado deslizo que los dos jueces de la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo que frenaron el DNU:José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, «fueron nombrados en ese tribunal durante el anterior gobierno» y deslizó que el fallo «tiene un contenido político evidente» al tiempo que conjeturó que «no por nada la CGT decidió presentar la cautelar en un fuero amigable«.
En el caso que la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal acepte la competencia del caso, se producirá un conflicto con la Cámara del Trabajo y, por ende, será la Corte Suprema la que debería decidir a qué fuero le corresponde el trámite.
El máximo tribunal no habilitó la feria ante una cautelar presentada ante el mentado decreto por el gobernador riojano, Ricardo Quintela, y así decidió analizarlo a partir de febrero próximo.
Pese al malestar por un fallo judicial adverso, en Casa Rosada no se sorprendieron por la resolución del tribunal de alzada en lo laboral y advirtieron que el litigio seguramente tendrá un largo recorrido. Si bien confían en la pericia de Barra, no desconocen que el DNU ha provocado una catarata de demandas que podrían demorar la plena vigencia de las reformas propuestas.