jueves, 18 julio, 2024

Patricia Bullrich anunció un plan antipiquetes, pero deben adherir las provincias y la Ciudad pide ayuda de fuerzas federales

Con el fantasma de la judicialización de fondo y el fracaso de una experiencia similar aplicada en 2015, Patricia Bullrich presentó este jueves un nuevo protocolo antipiquetes que incluye sanciones a quienes organicen y participen de movilizaciones callejeras, cortes y bloqueos.

Si bien advirtió que utilizará a las fuerzas federales para desalojar las protestas, organizaciones como el Polo Obrero anticiparon que marcharán el próximo 20 de diciembre para conmemorar el denominado «Argentinazo», de 2001, que derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa.

Desde la sede ministerial de Gelly y Obes 2289, la funcionaria, enfundada en un trajecito fucsia, se mostró firme al detallar los alcances de una reglamentación que busca garantizarle al Gobierno el control de calle en lo que se prevé un verano «caliente» y no sólo por las temperaturas.

Es que tanto desde la CGT como desde las agrupaciones sociales salieron a cuestionar el ajuste anunciado por Economía para hacer frente al déficit fiscal que, entre otras medidas, prevé un congelamiento de los planes sociales y busca reestablecer el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

El nuevo protocolo habilita a actuar a fuerzas federales, incluido el Servicio Penitenciario, ante cortes totales o parciales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal. También habilita su intervención en situaciones similares si las autoridades de otras jurisdicciones así lo requirieran.

Aquí es donde el plan se torna brumoso: en distritos donde gobierna el peronismo, como la provincia de Buenos Aires, difícilmente se avengan a articular medidas represivas con la Nación. El plan sí prevé operativos en las estaciones de trenes que conectan la Ciudad con el Conurbano bonaerense para detener a quienes intenten ingresar encapuchados «o con palos» para participar en los piquetes.

Pese a los cortocircuitos que produjo entre ambas partes el ataque con un botellazo contra Javier Milei del último domingo, este jueves por la tarde Bullrich recibió a autoridades porteñas, como Néstor Grindetti y Waldo Wolff, para intentar articular la aplicación del protocolo en el distrito en el que se registra la mayor parte de las protestas.

La ex excandidata presidencial fue asesorada en el plan por Carlos Manfroni, a quien designó como jefe de gabinete y por Vicente «Tito» Barreiro, su secretario de Seguridad.

“En nuestra Ciudad todos merecen moverse y circular en libertad. Desde el Gobierno de la Ciudad celebramos las medidas anunciadas por la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, y trabajaremos en forma conjunta para que se cumplan. Vamos a garantizar el orden en el espacio público para que así sea”, aseguró Jorge Macri.

La posición de la Ciudad es clave, porque más del 90% de las protestas que se realizan en el distrito porteño son contra el gobierno nacional de turno.

Por su parte Wolff, también destacó que “van a acompañarnos de forma conjunta con las fuerzas federales” en particular en lo que se refiera a “acceso desde Provincia de Buenos Aires o inmediaciones”.

A partir del accionar de las fuerzas federales, la prioridad del gobierno porteño será evitar que se corte la calle. Se estima que, si bien en sintonía con Nación, la Ciudad, al igual que cualquier otra provincia, deberá aplicar o diseñar su propio plan antipiquete.

Bullrich aclaró que no se requerirá una orden judicial para desalojar un bloqueo de tránsito debido a que éste constituiría un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal. «Se usará la fuerza proporcional a la resistencia«, advirtió Bullrich al ser consultada ante el temor imperante por las consecuencias del accionar represivo.

Pidió, además, a los manifestantes «no usar como escudos humanos a los niños» y deslizó que en estos casos los beneficiarios podrían perder su plan social. Al finalizar, afirmó que serán identificados los autores, cómplices, organizadores e instigadores de las marchas a quienes, además, se les podrían incautar los colectivos y pasarles «la factura» de los gastos que demanden los operativos.

«Las leyes las aplican los jueces, no los ministros«, advirtió Eduardo Belliboni, dirigente del PO, al cuestionar la legitimidad de la reglamentación y confirmar la marcha durante el 20 de diciembre. En el gremio estatal ATE también advirtieron que el derecho constitucional de la protesta está amparado por tratados internacionales de derechos humanos a los que adscribe el país a través de la Constitución.

En Casa Rosada no desconocían que constitucionalistas como Roberto Gargarella o Andrés Gil Domínguez, ya habían cuestionado la legalidad de la normativa. La propia ministra había detallado su plan en la reunión de gabinete matutina y, al parecer, no habría sido advertida sobre la implicancia legal de tales restricciones.

Un estrecho colaborador de la funcionaria negó a este diario que exista un temor al freno judicial a una normativa que, a su entender, «es una instrucción a las fuerzas policiales y de seguridad federales y es una facultad propia de este ministerio. Todo lo demás, una vez que intervengan las fuerzas, queda en manos de los jueces y de las autoridades administrativas para que ellas determinen las sanciones que correspondan» por las supuestas infracciones o delitos de los manifestantes.

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