Caso Chocolate: La Justicia investiga al oficialismo y la oposición por un pacto de corrupción

– Identifíquese.

– Soy empleado de la Legislatura.

– ¿Cuál es su gracia?

– Trabajo para la Cámara de Diputados.

– ¿Cuál es su nombre?

– Trabajo en la Legislatura.

Julio Segundo Rigau, alias “Chocolate”, se negó tres veces a sí mismo. No pudo evitar, más tarde, decir quién era. Ni esconder lo que llevaba.

Eran las ocho de la noche del nueve de septiembre pasado cuando fue sorprendido por la policía en la sede del Banco Provincia de la calle 7 y 54, en La Plata. Un anónimo alertó a las fuerzas de seguridad. “Chocolate” tenía dentro de su mochila una bolsa de nylon con un millón doscientos cincuenta y siete mil pesos y cuarenta y ocho tarjetas de débito emitidas a nombre de otras personas.

Junto a cada uno de esos plásticos, identificados con el pomposo nombre de “Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires”, se le encontraron también los tickets del retiro de dinero y papelitos en los que tenía anotado a mano las claves de seguridad de cada una de ellas.

“Chocolate”, puntero del peronismo platense, también buscó ocultar la identidad de los propietarios de las cuentas que hacía al menos cuarenta y cinco minutos había estado vaciando con el límite de extracción de treinta mil pesos.

– ¿De quiénes son esas tarjetas de débito?-, lo interrogaron los agentes.

– No voy a darles esa información-, replicó Rigau.

A las diez de la noche, “Chocolate” había pasado de aprehendido por el posible delito de “hurto” a ser un detenido e imputado en una causa judicial por el posible delito de “Hurto”, una orden dada desde la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJI) Número 2, al mando de Betina Lacki, y por el juzgado de Garantías N 1, del magistrado Federico Atencio.

Las autoridades judiciales le secuestraron el dinero, las tarjetas, los escritos con las claves, los tickets.

Y le quitaron, también, su teléfono celular marca Samsung modelo SM-G532M, gris.

El juez Atencio y la fiscal Lacki detectaron, porque así lo demostraban los tickets de los cajeros del BAPRO de las cuarenta y ocho tarjetas que llevaba Rigau, que éste último había retirado treinta mil pesos con cada una de ellas desde el día 6 de septiembre hasta el día 9, cuando fue detenido. Lo imputaron por el delito de posibles defraudaciones reiteradas (177 hechos consumados).

Rigau fue detenido un sábado.

Cumpliendo con un pacto de silencio que tal vez creyó que era el mejor método para cumplir con sus jefes, se negó a defenderse en declaración indagatoria. Lo esperaba la cárcel. Aunque sería por pocos días.

Rigau había nombrado abogados pero pronto pasó a defenderlo el abogado Alejandro Gascón, uno de los más cotizados de La Plata. En principio vinculado a la UCR. Aunque también supo ayudar al ex gobernador Daniel Scioli cuando tuvo problemas legales.

La fiscal Lacki y el juez Atencio recién iniciaban su trabajo en esta causa cuando las presiones políticas llegaron desde diferentes sectores del poder.

Se pidió la excarcelación de Rigau. Se argumentó que su esposa estaban casi al borde de la muerte por problemas cardíacos.

La Justicia dejó asentado entonces la hipótesis judicial que fortalecieron las pruebas documentales y testimoniales que llegaron después.

Atencio se negó a liberar al extractor compulsivo de dinero de otros argumentando que tras “el devenir de la pesquisa, se llegara a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.

Aquellas palabras tomaron fuerza con el paso de los días.

“Chocolate” podía ser el eslabón de una cadena de recaudación de dinero ilegal que, con acuerdos de la mayoría de los partidos políticos que integran la Legislatura, podía ascender a cifras de varios cientos, quizás miles de millones de pesos.

El oficialismo y la oposición podrían haber acordado repartir parte del presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados entre los líderes parlamentarios supuestamente enfrentados por ideologías pero unidos en la hermandad de la financiación ilegal de la política.

El presidente de la Legislatura es Federico Otermín, mano derecha del cuestionado Martin Insaurralde

Podrían haber sido ellos, en sociedad con la dirigencia de Juntos por el Cambio, quienes habrían pactado generar contratos de empleados fantasmas de la Cámara baja bonaerense, a los que se les quitaría su sueldo, o parte de él, para generar una “caja” colectiva que se podría haber repartido en porcentajes acordados de antemano.

En la política nacional es un secreto a voces que la Legislatura de Buenos Aires siempre funcionó con ese accionar irregular, que hasta el momento nunca se había podido no ya probar, si no siquiera demostrar con algún indicio de que existían esos manejos transversales a toda la dirigencia.

Rigau fue preso el sabado 9. Nada se supo del tema hasta que fue revelado en el programa “Somos Buenos”, de TN, el martes 12 .

No hubo reacción ni de opositores ni de oficialistas.

Por algo sería.

Rigau logró salir en libertad mediante un ardid que generó escándalos, bronca y hasta amenazas de renuncias de diferentes autoridades del Poder Judicial bonaerense.

El abogado Gascón salteó al juez Atencio, a la fiscal Lacki, y presentó un habeas corpus ante la Cámara de Apelaciones para liberar a su cliente.

De modo sorpresivo, y se insiste, shockeante, dos jueces de ese tribunal vinculados al peronismo, Juan Alberto Benavídez y Alfredo Villordo, votaron en sintonía afirmando que la detención de Rigau no había cumplido con las garantías procesales, dijeron también que se había violado su intimidad cuando se lo requisó, y dictaron la nulidad del acta que dio inicio al caso.

Un tercer juez, Federico Mateos, votó en disidencia y remarcó con dureza que se estaba cometiendo una especie de aberración jurídica si se excarcelaba al recolector de plata ajena.

Clarín supo por fuentes judiciales que el fallo de fue de una brutalidad y velocidad nunca conocida en causas de corrupción como la de “Chocolate”, tanto es así que el camarista Benavídez reveló en la intimidad de reuniones con sus colegas que él se había visto obligado a votar como lo hizo presionado por su colega Villordo, allegado a La Cámpora.

Villordo fue nombrado por el peronismo en el cargo. En su infancia había empezado otra carrera lejana al Derecho: fue el actor que interpretaba el papel de “Tito” en la telenovela Jacinta Pichimahuida. No nació una estrella.

La causa, por unos días, entonces, se vio limitada en su avance, pero se replicó en los medios. “Chocolate” logró ser excarcelado.

Aunque la Justicia guardó para sí una probable caja de Pandora: su celular.

El viernes pasado,el fiscal general de La Plata, Horacio Vogliolo presentó un recurso ante la Cámara de Casación que fue aceptado el mismo día.

Según él, la liberación de Rigau fue “arbitraria”, agregó que se aparataba de “los principios básicos del proceso criminal”, e incluso redactó que “ponía en peligro a la vigencia de las instituciones fundamentales de la República”.

Vogliolo agregó que pedía reabrir el caso con premura para permitir las posibles sanciones de “los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública”.

Antes de que Rigau saliera en libertad, y mientras la causa estuvo en un limbo jurídico, la fiscal Lacki y el juez Atencio habían recolectado pruebas docuemtales y testimonios que indicaban que “Chocolate” recauda dinero de al gran caja negra de la Legislatura.

Las cuarenta y ocho tarjetas que se le encontraron a Rigau son de carácter instransferible. ¿Por qué este empleado legislativo, de oficio electricista, vaciaba las cuenas de otros trabajadores de la Cámara baja?

De 16 empleados de la Legistatura que se presentaron a testimoniar, 15 demostraron que probablemente sean más cómplices de una trama de corrupción multipartidaria (PJ, Frente Renovador, UCR, PRO), más que víctimas.

La Legislatura omitió presentar los contratos de los 48 empleados pero sí entregó a la Justicia sus legajos.

De esa documentación, a la que accedió Clarín debido a que el expediente de la causa se incorporó al sistema informático de la Justicia y pasó por varias manos, se desprende que los quince empleados que declararon de modo confuso, era contratados por la Cámara baja bonaerense desde hacía muchos años, y que quienes figuraban como sus convocantes eran partidos políticos diferentes: algunos de ellos ingresaron al bloque del PJ, luego pasaron a otros cuerpos que incluían también a Cambiemos o Juntos por el Cambio.

Los quince dijeron haber sido convocado por una empleada que no pudieron o no quisieron identificar del área de Legales de la Legislatura de Otermín e Insaurralde, y todos coincidieron en errarle a la clave bancaria con la que podían extraer su dinero. Sus sueldos coincidían: todos eran de 568 mil pesos, más o menos. Los quince testigos sospechosos dijeron que Rigau era su amigo, y que le pedían que les saque parte de su sueldo, tarea que él cumplía con paciecnia y buena voluntad. Las pruebas bancarias indican que “Chocolate” vaciaba hasta el último pesos sus cuentas.

Para la Justicia, fue fundamental el testimonio de uno de los testigos, de apellido Tozzi, que aceptó que había sido convocado a trabajar para la Legislatura, también que había recibido una tarjeta de débito, pero que luego le avisaron que no tendría lugar en esa gran empleadora que es la Cámara baja de Buenos Aires.

Rigau no cobraba solidariamente la plata de un compañero.

En ese caso, cometió de delito.

El presupuesto para este año de la Legislatura bonaerense fue de 75 mil millones de pesos. ¿La caja de corrupción podría alcanzar al diez por ciento de esa cifra?

Es lo que le afirmaron a Clarín involucrados en este caso, ex legisladores y actuales funcionarios bonaerenses.

Tanto del oficialismo como de la oposición.

Lacki y Atencio, igual que Vogliolo, indagan sobre una hiótesis que se repite: el pacto de corrupción entre los diputados bonaerenses existe.

No solo hubo silencio de parte de los partidos políticos, más allá de una denuncia de Juntos por el Cambio que pidió la destitución de los camaristas que liberaron a Chocolate.

Lo que no existió, hasta ahora, es una desmentida de ningún legislador o jefe partidario sobre contratos truchos que terminan alimentando un tesoro oculto e irregular que se reparten los partidos políticos para financiarse de modo ilegal.

El testigo que admitió que no podía cobrar de la Legislatura porque nunca fue contratado se animó a hablar. Lo hizo con miedo. Le temblaban las manos.

Pero lo hizo.

Se sabe ahora: el 21 de septiembre, día en que Rigau logró su libertad, Insaurralde, jefe político de Otermín, paseaba en el yate de la discordia por Marbella.

Más Noticias

Noticias
Relacionadas

Facebook: cómo desbloquear a un contacto en mi cuenta

A pesar de la diversidad de redes sociales que...

Gran Hermano: la noche de amor de Furia con Francisco, el hijo de Darío

La casa de Gran Hermano (Telefe) se encuentra en...