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Apuran un fallo para sobreseer a Cristina Kirchner por lavado de dinero

Es una carrera contra reloj llena de suspicacias, basada en el siguiente hecho clave: el martes 30 de noviembre, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) cambiará su conformación porque el juez Adrián Grunberg termina su subrogancia y el tribunal del caso que más inquieta a Cristina Kirchner modificará su composición.

Teniendo en cuenta eso, el juez Daniel Obligado -que ya sobreseyó a la vicepresidenta en la causa por el Pacto con Irán- dijo este miércoles que en tres días hábiles se resolvería si Cristina, sus hijos y un grupo de empresarios K quedarán sobreseídos o si deberán enfrentar el juicio por lavado de 120 millones de pesos por los casos Hotesur y Los Sauces. La urgencia por volver a resolver un planteo que ya había sido rechazado hace dos años agiganta las sospechas sobre un fallo a medida de los intereses de la vicepresidenta.

Por un lado, el propio Obligado sobreseyó a Cristina antes del juicio del Pacto con Irán y le redujo la condena a Amado Boudou en el caso Ciccone, permitiendo que saliera en libertad. Por el otro, el juez que está a punto de irse del tribunal -Grunberg- es miembro de la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima. Si esos dos votos terminan a favor de Cristina, como se especula, la vicepresidenta será sobreseída, otra vez, sin llegar a ser juzgada.​

Esto podría ocurrir este viernes o el lunes.​

La instrucción del caso Hotesur fue volcada en miles de documentos acumulados en más de 250 cajas y en ella se investigó a la empresa hotelera de la familia Kirchner. Entre otras actuaciones, en esa causa se secuestraron más de cinco millones de dólares que se le encontraron a Florencia Kirchner en una caja de seguridad y que todavía permanecen bajo custodia judicial. A su vez, la causa de Los Sauces SA, la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a Lázaro Báez y a Cristóbal López, cuenta con poco más de 160 cajas con información recabada durante la pesquisa.

En cada uno de estos dos expedientes, que por motivos de economía procesal se decidió juzgar en conjunto, intervinieron más de doce funcionarios judiciales en diversas instancias, incluyendo a los fiscales y los jueces. A eso debe sumarse a la Corte Suprema de Justicia, que también intervino al rechazar varios planteos tanto de la vicepresidenta como de Báez. 

Esos fiscales y jueces fueron validando las imputaciones, las pruebas y los procesamientos de todos los acusados que llegaron a la instancia de juicio oral cuando el juez federal Julián Ercolini cerró las instrucciones de las dos causas. Hace tres años, el sorteo puso a ambos expedientes ya unificados en manos del TOF 5, presidido por Obligado, el mismo juez que concedió en plena pandemia el arresto domiciliario a Amado Boudou y le redujo en 10 meses los plazos de su condena.

El fiscal ante el tribunal, Diego Velasco, luego de un planteo de Cristina para evitar uno de los expedientes por corrupción más difíciles que tiene en su horizonte, ya dijo que el juicio oral debía realizarse y que esa es la mejor instancia para que los 16 imputados se defiendan y que los jueces determinen su inocencia o culpabilidad.

En esa oportunidad los jueces del Tribunal convalidaron el criterio del representante del Ministerio Público Fiscal y entendieron que el juicio debía realizarse. Es un antecedente clave en estas horas.

Pero el escenario podría cambiar drásticamente en los próximos días. A fines de octubre, la vicepresidenta volvió a pedir que la sobresean sin que se haga el debate oral, y que esa medida sea extensiva a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

La familia Kirchner se encuentra procesada por asociación ilícita, una “organización criminal” -sostiene la imputación-, que se dedicó a operaciones de lavado de activos. En el caso de Cristina se la envió a juicio oral en carácter de jefa de dicha organización, en tanto el diputado nacional fue señalado como organizador y su hermana como partícipe necesaria.

Ahora, el abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, sostuvo que los Kirchner debían ser sobreseídos por “inexistencia del delito”. Basó su planteo en el hecho de que todas las operaciones comerciales de ambas empresas -a través de las cuales se habrían concretado las maniobras de lavado- se encuentran bancarizadas, y que al poder realizar una trazabilidad de los fondos bajo investigación no se podría estar ante la presencia de un blanqueo de fondos.

Frente al pedido de los Kirchner, el fiscal Velasco emitió en un dictamen la misma opinión que dio hace dos años atrás, es decir, dijo que el juicio debe realizarse. Velasco resaltó que los Tribunales “no pueden desnaturalizar las reglas de la etapa en que se encuentra la investigación, alterando la finalidad de conducir del modo más rápido posible al debate donde se defina la responsabilidad de los imputados, garantizándose no solo los derechos de la defensa sino que también los de la acusación”.

Un dato que resaltan en Comodoro Py: hay dos pericias contables en pleno desarrollo. Las ordenó el TOF 5 a pedido de la ex presidenta, que solicitó que se analicen -pese a que durante la instrucción en el caso de Los Sauces ya se había hecho- todos los contratos celebrados entre sus empresas y las firmas de Lázaro Báez, Cristóbal López y Osvaldo Sanfelice, todos imputados en el expediente.

Los peritos de la Corte Suprema de Justicia entregarán la pericia sobre la inmobiliaria el próximo mes, en tanto que la correspondiente a la firma hotelera quedaría lista en marzo de 2022. “Cerrar el caso cuando hay medidas en curso sería contraproducente”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el pedido de sobreseimiento sin realizar el juicio oral no corresponde, pues “los jueces de esta etapa no tienen jurisdicción para resolver lo que en este momento se plantea y que recién se habilitaría la misma una vez iniciado el debate”.

El planteo no es ajeno a los antecedentes: Cristina ya logró ser sobreseída en dos casos sin la realización del juicio oral, pese a que los expedientes estaban elevados a dicha instancia. En el caso del Dólar Futuro fue la Cámara de Casación la que resolvió que el juicio no se haga y se la sobreseyó. En la causa del Pacto con Irán, fue el Tribunal Oral el que resolvió en igual sentido.

Tras la opinión del fiscal Velasco, el presidente del TOF 5, Obligado, explicitó que “los actos procesales se practicarán dentro de los términos fijados en cada caso. Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días”. El apuro, señalaron fuentes del caso, responde a que el 30 de noviembre Adrián Grunberg ya no integrará el Tribunal, y buscan resolver antes de esa fecha la situación de Cristina y sus hijos. 

En estas dos causas se investigaron los negocios familiares de los Kirchner, realizados mientras estaban en la cima del poder y junto con los contratistas de obra pública Báez y López. Por un lado, en Hotesur -firma dedicada al rubro hotelero- se analizaron los negocios con Báez, responsable de administrar tres hoteles de la familia Kirchner. En el caso de Los Sauces, se planteó una estructura de lavado de activos a través de la simulación de alquileres de propiedades que administraba esa inmobiliaria familiar.

En el caso de Los Sauces se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera la justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos. En ambos casos intervino Báez con su holding, el cual en simultáneo tenía como único cliente al Estado nacional.

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