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Hidrovía: los privados aceptan el control estatal, pero rechazan la estatización

El sector privado está de acuerdo con el control estatal de la hidrovía, pero rechaza su estatización.

Así lo expresó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, en referencia a recientes declaraciones del gobernador bonaerense, Axel Kiciloff, quien se pronunció por el control estatal de la vía navegable.

“El Estado tiene un rol que cumplir, estamos en favor del control estatal, pero no de la estatización”, dijo Idígoras. “Se está generando una grieta inexistente”, añadió.

Con esa posición coincidió el presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), Luis Zubizarreta. “Una cosa es la concesión, mediante la cual hay una obra de infraestructura que la hace una empresa y la paga la carga, y otra cosa son los controles que están a cargo de la Prefectura, la Aduana, el Senasa y el Ministerio de Agricultura”, explicó. “La soberanía sigue siendo argentina”, puntualizó, en diálogo con LA NACION.

La concesión del dragado y balizamiento del río Paraná, desde Santa Fe hasta la salida oceánica, venció recientemente y fue prorrogada por 90 días hasta la definición de una nueva licitación.

El fallecido ministro de Transporte, Mario Meoni, había comenzado con ese proceso y creó un Comité Federal de la Hidrovía (CFH) en el que están representados gobiernos provinciales, cámaras empresariales del sector privado, organizaciones ambientalistas y el estado nacional. Su sucesor en el cargo, Alexis Guerrera, anunció su interés de continuar con esa tarea, pero desde el kirchnerismo duro comenzaron los cuestionamientos y reclamaron la estatización de la obra.

Por la hidrovía se exporta el 80% del complejo granario argentino (soja, maíz, harina de soja, aceite de soja y biodiésel, entre otros productos) y los exportadores pagan unos US$300 millones al año en concepto de peaje.

“Coincidimos en que haya un órgano de control estatal que supervise la relación entre las obras realizadas y lo que efectivamente se paga, pero no que sea el Estado el que cobre la tarifa”,dijo Idígoras a LA NACION.

El ejecutivo recordó que en la licitación actual, que cumplió 25 años, se dispuso que el 0,5% de la tarifa pagada por los privados se destine a la Subsecretaría de Vías Navegables para que controle las obras de la hidrovía. Sin embargo, recordó, “esos fondos fueron a parar al Tesoro Nacional”.

Los exportadores temen que, como sucede con otros organismos del Estado, lo que reciben del sector privado no vuelva a esas mismas instancias sino que se diluya en los ingresos generales.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CECArchivo

“El Senasa recauda tres veces más del presupuesto que recibe”, destacó Idígoras, y recordó que el puerto de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, tiene administración provincial “y hace un año espera el dragado”.

Para el presidente de CIARA-CEC, la hidrovía es “una verdadera autopista exportadora no solo de la región pampeana sino que podría serlo de las provincias del NOA y del NEA”, y que la navegación se debe asegurar sin varaduras de buques ni demoras.

Zubizarreta, en tanto, recordó que hasta fines de los años ochenta el dragado y la administración de los puertos estaban a cargo del Estado. “Eso funcionaba mal, los elevadores eran viejos, el calado natural del río era de poco más de ocho metros”, dijo.

Destacó que esa realidad cambió con tres hitos. Estos fueron:

Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados ComercialesArchivo

Estos hitos, más otros derivados de los sistemas de producción, promovieron que el país pasara de producir 40 millones de toneladas de granos a fines de la década de los años ochenta a más de 130 millones de toneladas de granos en la campaña 2019/20. “Hubo un enorme crecimiento de la producción traccionado en gran parte por una logística eficiente”, recuerda un documento de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja).

Zubizarreta, además, cree que el dragado y balizamiento de la hidrovía debe realizarse por una licitación que permita competir a los diferentes oferentes por la tarifa más baja y la mayor eficiencia en las obras. “También debe hacerse un estudio de impacto ambiental, estamos de acuerdo con eso, aunque en los 25 años de la concesión no hubo denuncias serias de efecto negativo del dragado”, señaló.

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