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Los combustibles quedarían más atados al precio del dólar que del petróleo

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Cledis Candelaresi

Al menos en los próximos meses, el precio de la nafta estará ligado sólo al dólar y no a lo que cueste el petróleo en el mercado internacional. El tipo de cambio y la evolución de las reservas también mandan en el diseño del proyecto de ley reiteradamente prometido por Alberto Fernández para promover las inversiones en hidrocarburos con el anzuelo de disponer libremente de las divisas.

A través de la secretaría de Energía, el Gobierno está tomando decisiones estratégicas que sujetan la evolución de los combustibles y el empuje oficial a las inversiones a la suerte de la macroeconomía más que a una cosmovisión político partidaria.

Fuentes oficiales aseguran que no hay voluntad de ningún ajuste adicional en las naftas a los que se derive del tipo de cambio. Esto significa que si el dólar oficial se mantuviera estable en los próximos meses, el precio de las naftas también lo haría, salvo por el aumento trimestral por inflación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Los combustibles fueron uno de los precios más dinámicos en los últimos meses, con varios incrementos que se produjeron por ese gravamen y, básicamente, por el aumento en el precio de los biocombustibles, que obligatoriamente tienen que usar las refinadoras para “cortar” las naftas y el gasoil. Pero esas subas no reflejaron una variación en el precio del petróleo que se refinó para fabricarlos.

Hoy en Argentina el petróleo se paga alrededor de 51 dólares contra 66 del mercado internacional. El razonamiento económico para sostener la internacionalización de este precio (y, por lo tanto, su valor en dólares) es que para que las productoras abastezcan el mercado interno, éste le tiene que remunerar tanto como si lo vendieran al exterior. Esquema teórico que aplica a otros bienes.

A diferencia de los servicios regulados de luz y gas, los precios de los combustibles son formalmente libres y el Estado no interviene activamente en su fijación.

Esta imposibilidad de imponer una tarifa con una norma escrita hace que el Estado apele a otras herramientas indirectas como las retenciones, que recortan la renta del que exporta, o la suba o baja de los impuestos que forman parte del precio en surtidor.

Las exportaciones de petróleo están gravadas con un 8% y para superar ese tope se necesita una ley. El ICL es un valor fijo y tampoco tiene la flexibilidad de una herramienta que permita rápidamente cambiar los precios internos según oscilan en el mundo.

En realidad, la libertad de precios en la nafta es una pauta de cumplimiento relativo, ya que la suerte de los surtidores depende de acuerdos entre las empresas del sector, apañados por el Gobierno. Así surgieron las diversas formas de “barril criollo”, acuerdos por los cuales el petróleo vale en el país distinto a lo que vale en el mundo. A veces más. Otras, menos.

La secretaría de Energía esta vez no quiere intervenir de un modo explícito. Por eso se negó a apadrinar un acuerdo propiciado por YPF para que las empresas que venden petróleo (Tecpetrol y Pluspetrol, por ej.) y las que compran (Raizen y Trafigura, por ej.) acuerden ese precio, en este momento, ajeno al mundo.

Si se toman las previsiones contenidas en la Ley de Presupuesto Nacional 2021 la nafta debería subir, a lo sumo, un 12% en lo que resta del año por este concepto, ya que el tipo de cambio para 2021 está previsto en $102,4 por unidad, contra los 90 actuales.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy no está dispuesto a convalidar el maridaje con el precio internacional. Eso implica que las productoras de crudo seguirán cobrando entre 8 y 10 dólares menos por barril, a los precios actuales, más de 140 millones de dólares por mes en conjunto. Es que si las refinadoras no tienen el aval oficioso del Gobierno para aumentar las naftas, no están dispuestas a seguir pagando más el crudo que procesan.

Esta taba se da vuelta periódicamente y afecta de manera distinta el negocio privado. En 2015, la primera vez que se instauró el barril criollo, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof pretendió evitar un colapso de la actividad petrolera local e indujo al mercado a convalidar un precio por arriba de 50 dólares el barril cuando en el exterior estaba por debajo de 30.

En última instancia, quien paga ese precio más caro es el consumidor argentino, ya que las naftas costaban entonces tanto como para cubrir esos precios. Algunas refinadoras aprovecharon en aquel momento para importar petróleo liviano del exterior (más barato que el que se vendía en el país), desairando a productores locales. Estas prácticas habitualmente generan heridas que se exponen a la hora de renovar acuerdos.

Las productoras locales no pueden exportar petróleo si las refinadoras declaran que lo necesitan. Es lo que en la jerga se denomina “cruzar el barco”. Las firmas que compran todo lo que refinan o las que compran una parte (YPF y PAE requieren cerca del 20% del crudo que procesan), estarán ansiosas por conseguir producto barato en el mercado interno.

Lo que hermana a todas en el deseo de exportar con libertad y disponer de los dólares que generen. Esta anhelada facilidad estará contenida en la futura ley para promover las inversiones de petróleo y gas que el Presidente prometió girar al Parlamento en la apertura del ciclo legislativo, renovando la intención manifestada un año antes.

Aún circulan borradores de varios anteproyectos de ley, que tienen el mismo espíritu de premiar a los inversores con desgravaciones, un esquema tributario más laxo y cierta garantía cambiaria. Así Argentina podría disputar inversiones a otros lugares del mundo y desarrollar la potencialidad de Vaca Muerta, rivalizando con Estados Unidos.

Uno de los últimos borradores con cierto grado de consenso contempla un régimen fiscal y laboral de 20 años de duración, con la creación de una cadena de proveedores nacionales y libertad para la repatriación de utilidades y el pago de insumos y deudas. Una libertad de la que no dispuso ni YPF en el último tiempo, lo que impulsó su última reestructuración de deudas.

Pero quizás el punto más sensible de la propuesta parlamentaria será darle a las petroleras facilidad para exportar petróleo y gas y disponer de las divisas generadas. La discusión se estanca en la definición de cuánto producto podrán despachar al exterior y si tendrán esa chance sólo después de cubrir íntegramente el mercado interno. Respecto a la prerrogativa de no liquidar divisas, el mínimo para dejar afuera sería del 30%, a incrementarse bajo ciertas condiciones. Sólo una hipótesis de trabajo.

La incertidumbre cambiaria y la evolución de las reservas del Central son determinantes para definir esta fórmula, neurálgica en el proyecto de ley. La macro manda, según reconocen en el ministerio de Guzmán. Las famélicas arcas públicas no pueden resignar dólares. Al mismo tiempo, el Ejecutivo descuenta que, sin anzuelos potentes, las empresas dejan de explorar y producir. Dilema urticante para el Gobierno.

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