El formosazo: la bomba que el Gobierno no puede desactivar

El jueves 4 de marzo pasado, de modo sorpresivo, el gobierno de Formosa difundió un decreto en el que se imponía la vuelta al “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” de la ciudad capital de esa provincia. Todos los los ciudadanos que viven esa localidad, la más poblada, con mayor infraestructura y la también sede del poder político y económico provincial no podrían salir de sus casas desde ese mismo mediodía y durante catorce días más. El anuncio informaba que los trabajadores definidos como “esenciales” tendrían la posibilidad de circular. Son una minoría. La alarma y la vuelta a las restricciones más duras se anunciaron porque las autoridades habían detectado veintisiete nuevos casos de enfermos de Covid-19. El transporte interurbano se suspendió. Formosa capital, de nuevo se cerraría. Confinamiento firme.

Lo que era en principio, en los hechos, un simple acto administrativo, como suele ocurrir en política, se transformó al día siguiente en un dinamizador social impensado. Se autoconvocó una movilización crítica contra el Gobierno. Después de cinco horas de rabia norteña, la crisis se había nacionalizado. Más tarde era información y novedad y preocupación en organismos internacionales, como la propia ONU. La vuelta obligada al encierro fue resistida por grupos de protesta tan numerosos que el viernes por la mañana provocaron la marcha más importante que se dio en Formosa al menos desde la vuelta de la democracia en 1983. El gobernador de la provincia desde hace un cuarto de siglo, el peronista Gildo Insfrán, había perdido el control de la calle. Nunca jamás había pasado. La policía reprimió a los manifestantes a balazos de goma, con gases lacrimógenos, a palos, con escudos, botas, violencia. Hubo más de 90 detenidos. Periodistas lastimados. Mujeres llevadas a comisarías sin que se conozca qué delito habían cometido. Menores detenidos sin que sus padres conozcan su paradero.

El viernes 5 de marzo del 2021, podrá ser recordado como “Formosazo”. Insfrán y su gabinete estaban desconcertados.

El “Formosazo” hizo entrar en crisis también a la Casa Rosada.

Al mediodía, cuando el desastre aún no era tan grave aunque todo indicaba que lo sería, la noticia llegó al presidente Alberto Fernández y su Gabinete. Parte de la cúpula del funcionariado nacional estaba en el espacio de recreamiento del gremio de Comercio llamado Parque Norte, en un acto un espacio al aire libre. Cerraban la primera jornada del nuevo organismo de consenso intersectorial llamado Consejo Económico y Social.

Los ministros y asesores más relevantes de la Casa Rosada entendieron pronto que el “Formozaso” tendría alta masividad en la agenda pública y en los medios de la prensa nacional y del extranjero.

Durante todo el año de Pandemia, los métodos sanitarios que Insfrán impuso en su provincia, con prohibición de entrada y salida de ciudadanos que viven allí, aislamientos obligatorios para sanos o enfermos de Covid-19 en centros desorganizados y donde no se cumplían estándares médicos para enfrentar la pandemia, ya habían provocado denuncias de miles de formoseños desesperados que divulgaban sus infortunios a la prensa nacional a través de filmaciones y testimonios que ellos tomaban con sus celulares. A eso se sumaron habeas corpus y presentaciones ante la Corte Suprema de opositores para intentar devolverle libertades y garantías a los formoseños, impulsadas, sobre todo, por el senador radical de esa provincia, Luis Naidenoff. Batallas de abogados locales para liberar a supuestos propagadores del virus que en realidad habían sido testeados y estaban sanos. O a enfermos que por orden policial no podían aislarse en su casas. Los legisladores de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, incluso pidieron que el Presidente ordene la intervención de Formosa para sacar a Insfrán del poder.

La Casa Rosada, tras un sinfín de estas denuncias y de logros judiciales para los formoseños, envió a la provincia al Secretario de Derechos Humanos, Luis Pietragalla Corti, que volvió a la Capital Federal defendiendo casi sin fisuras al régimen de Insfrán.

La organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional avaló las denuncias por los incumplimientos de los Derechos Humanos en Formosa. Entre quienes alzaron su voz, como siempre, estuvo el cacique de la comunidad aborigen QOM, Félix Díaz, víctima de la represión de Insfrán pero nunca tan masiva como el “Formosazo” del viernes 5.El problema Formosa preocupó al Gobierno. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, llamó a Insfrán para tratar de entender la represión feroz de su policía.

En medio del escándalo, el ministro de Seguridad, de Gobierno, de Trabajo y Justicia de Formosa, Jorge Abel González, escaló el conflicto. En una exposición oficial para sentar posición sobre el caos, provocó aun más a los comerciantes, sobre todo gastronómicos, que se habían animado por primera vez a enfrentar a las fuerzas de seguridad provinciales que avanzaron sobre ellos como un ejército contra otro que lo atacaba. Esa fue la tesis del gobierno provincial: “Un grupo de personas de la ciudad de Formosa, disconformes con las decisiones sanitarias, recurrió a la violencia extrema para realizar sus reclamos al igual que lo hicieran en la tarde de ayer”, se justificó el súper-ministro, y agregó: “En Formosa no se rinde nadie”.

Pasadas las cinco horas de furia en la calle en Formosa, con detenidos aun incomunicados, sin orden judicial clara para que estuvieran aun demorados, con periodistas también presos y mujeres en el mismo estado de indefensión, la Casa de Gobierno se mantenía en silencio y eso aumentaba la tensión. El gobernador Insfrán se había mantenido firme y sin ceder nada durante todos los diez meses de pandemia: sus métodos sanitarios habían sido reprobados por la Corte Suprema, Amnistía Internacional y por la oposición nacional, que, a través del radical Mario Negri y el senador Naidenoff, había elevado el caso incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 22 de enero pasado, la situación también había sido un escándalo nacional cuando en medio de denuncias por detenciones presuntamente ilegales de ciudadanos formoseños a los que se acusaba de tener Covid-19 o se desconocía si estaban o no infectados, pero que igualmente habían sido obligados a encerrarse en los llamados “centros de aislamiento”, dos concejalas fueron llevadas a prisión durante varias horas por la policia provincial: Celeste Ruiz Días y Gabriela Neme.

En aquel momento la Casa Rosada y el Partido Justicialista apoyaron de modo absoluto a Insfrán.

Durante el “Formosazo” del viernes pasado, Neme fue herida con cinco balazos de goma que pegaron en su cuerpo.

En el Gobierno se abrió un debate interno. Un sector más moderado del Frente de Todos pidió que se repudiara de modo enérgico e inequívoco a Insfrán y su régimen tras la represión.

Varios ministros esperaron que el secretario de Derechos Humanos, Pietragalla Corti, de La Cámpora, negociador de la problemática Formosa, emitiera su opinión. En un comunicado solo expresó un “repudio” a la violencia policial y acusó a los “medios hegemónicos” de alentar una “campaña de desprestigio” contra Insfrán.

Frente a un represión de la policía porteña durante el velorio de Diego Maradona, el mismo funcionario impulsó una denuncia penal contra la Jefatura Porteña.

Otros ámbitos, otra voces.

Parte del Gabinete se indignó con esa respuesta.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, mediante uno de sus funcionarios, Gabriel Fucks, mediante una carta a Insfrán, le pidió sanciones directas a los responsables de la represión, entre otras medidas que podrían reñir con la legalidad.

El presidente recién habló ayer del tema. Dijo que estaba preocupado “por la violencia institucional” en Formosa y soltó una pregunta de doble sentido cuando se le preguntó si creía que la culpa del “Formosazo” había sido de la prensa. “¿Quién lo dijo”, soltó, y ya no habló.

Era la tesis de su Secretario de Derechos Humanos. De Insfrán. De ministros como el de Agricultura, Luis Basterra, entre otros. Tras el confinamiento ordenado por Insfrán, los negocios abrieron igual el viernes, las marchas continuaron y fueron pacíficas.

Pero el régimen de Formosa volvió a insistir en un método problemático. Ratificó ayer, a través del ministro de Economía, Jorge Ibañez, que la capital de la provincia seguía en fase 1. Buena parte de los protagonistas del “Formosazo”, los comerciantes y gastronómico, los más afectados por esa orden oficial, no le harán caso al poder.

Los formoseños son “inquebrantables”, y nada “es imposible” para ellos.

Son definiciones del propio Insfrán. w

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