Confirmaron el procesamiento de los hermanos Paolantonio en la causa de la Mafia de la AduanaPolítica 

Confirmaron el procesamiento de los hermanos Paolantonio en la causa de la Mafia de la Aduana

La Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento y los embargos millonarios en dólares por el delito de contrabando agravado y asociación ilícita dictados contra los hermanos Paolantonio y otros 29 empresarios y funcionarios en la causa de la Mafia de la Aduana.

La resolución, firmada el martes por los miembros de la sala B de ese tribunal, Roberto Hornos, Carolina Robiglio y Juan Carlos Bonzon ratificó así la mayoría de las medidas que el juez de instrucción de este fuero, Marcelo Aguinsky, había tomado en diciembre de 2018. En esta causa se investiga el contrabando de 561 contenedores a través del puerto de Buenos Aires y con complicidad de funcionarios de la Aduana ya que todos pasaron por el canal “rojo”, es decir con control, pero sin embargo contenían mercaderías de contrabando.

El tribunal de alzada en una resolución de más de 140 páginas a la que accedió Clarín en fuentes judiciales, sostuvo que “se ajusta a derecho” los procesamientos dictados a los empresarios y funcionarios de la Aduana: Sebastián Ghigo, Víctor Ghigo, Lucas Gamietea, Carlos Chávez, Luciano Ruzicska, Pablo Martínez, Edgardo Mingrone, Gonzalo Álvarez, Carlos Ferreira, María Acosta, Marín Royo, Carlos Royo, Claudio Alisio, Gustavo Cabrejas, Patricia Heredia y Alejandro Paolantonio. También, confirmó los procesamientos de Oscar González Tami, Osvaldo Batista, Marcelo Pontoriero, Liliana Leguiza, Alejandro Alonso, Aldo Cimiotto, Silvia Costantino, Juan Benavides, Horacio Palmieri, Julio Motta, Néstor Suárez, Gladys González, Rubén Casas, Gastón Lema, Miguel Paolantonio y Diego Paolantonio.

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La medida también recayó sobre Maximiliano Montero y de José Mocciola. Finalmente, el tribunal sostuvo que también resulta “ajustado derecho y a las constancias acumuladas” los procesamientos de las empresas Transportes Dtm S.R.L., Origin Rm S.R.L., Sicem Ba S.R.L., Lion Trade S.R.L., Terminal Carga Tigre S.A., Carestiba S.A. Y Simon And Arrington S.A.

Esta causa es la “madre” de la causa de los Contenedores. La “organización” de los hermanos Paolantonio fue descubierta por una investigación realizada en Clarín por el periodista Matías Longoni y denunciada por el ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

La cámara explicó que se investiga el “intento ingresar a plaza mercadería de origen extranjero por cuya declaración sumaria ante la aduana se consignó un tipo de mercadería distinto al detectado al momento de la verificación, en algunos casos un peso inferior al real y un consignatario presuntamente ficticio, destinado a encubrir el real importador de la mercadería… evadiendo parcialmente el pago del derecho de importación y ocultando al real importador”.

Entre las pruebas, se citaron correos electrónicos obtenidos de las computadoras secuestradas en la sede de Lion Trade S.R.L., que por ejemplo dicen: “…El cargador de nuestro cliente se encuentra en Ningbo (China) y tiene productos textiles, pero el consignatario necesita que no se declaren estos productos. En este momento están exportando mercaderías desde Ningbo con una descripción verdadera para que el cargador pueda acceder al reintegro de impuestos.

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El envío es a Hong-Kong o Shenzhen y desde allí reexportan las mercaderías a Buenos Aires con una descripción y una declaración de peso diferentes que nosotros les indicaremos a ustedes…” Los hermanos Paolantonio –defendidos por el estudio de Maximiliano Rusconi- controlaban las empresas “Diferent Imports S.A., New Unique Imports S.A., Corport S.A., Las Cortaderas S.R.L., Origin Rm S.R.L. Y Sicem Ba S.R.L. las cuales resultarían personas jurídicas de existencia meramente formal que serían utilizadas presuntamente para ocultar la real identidad del verdadero dueño o real importador de la mercadería, como así también, que la mercadería declarada ante el servicio aduanero diferiría presuntamente de aquélla realmente importada”, agrega el fallo.

Sobre los funcionarios aduaneros imputados, la cámara dijo que “en tales condiciones, no resultaría razonable suponer que una maniobra de la magnitud y continuidad de la investigada… pudiera haber sido perpetrada sin la participación culpable de quienes cumplieron la función de guarda aduanero en el depósito fiscal en cuestión, como así también de aquellos funcionarios que tuvieron intervención, al menos formalmente, en la verificación de la mercadería de manera previa a su liberación”. En esta resolución se confirmó el procesamiento de 7 aduaneros, pero en otro legajo se investiga a otros 48.

Sobre la supuesta asociación ilícita, el tribunal dijo que se advierte que la maniobra “habrían consistido en la creación y la dirección de una organización que se habría dedicado a la importación de mercaderías importadas” ocultando el nombre de los verdaderos compradores.

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En diciembre de 2018, Aguinsky había procesado a 60 empresarios -entre ellos los hermanos Paolantonio-, empresas y funcionarios de la Aduana y los embargó en $ 131 mil millones (unos US$ 3.300 millones). Entre los procesados se encuentra Palmieri de la Terminal de Cargas de Tigre (TCT), uno de los empresarios acusados por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por sus vínculos con el presidente de Boca, Daniel Angelici. La escala de la multa que se aplica como accesoria a una posible condena es de 4 a 10 veces el valor de la mercadería contrabandeada. En este caso fue 4 veces mayor. Sobre este monto se calculó el embargo multimillonario. Las penas por contrabando tienen una escala de entre 4 y 10 años de prisión.

Se trató de un contrabando “a escala monumental” de productos de bazar, popurrí y otros importados desde China que luego se vendían ilegalmente en el país. Unas de las pruebas clave fue comparar los pesos que declaraban en las declaraciones de Aduana los empresarios con el peso registrado por el llamado BAPLIE que registra el verdadero peso de los contenedores para armar un barco y asegurar su navegabilidad. Así se determinó que hubo casi 8 millones de kilos de diferencia. Además, durante los 120 allanamientos realizados se secuestraron mails de los empresarios en que explicaban la maniobra de contrabando. Por ejemplo, los mensajes de los contrabandistas enviados a “Perkerman” eran, en realidad, para el entonces director de la aduana de Buenos Eduardo De Bernardi a quien se le secuestró US$ 500 mil en efectivo en su lujosa casa del country Abril. Y las empresas que hacían las importaciones estaban conformadas por personas de bajos recursos que cobraban planes sociales.

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