Fopea, Adepa y la Academia Nacional de Periodismo repudian el procesamientoPolítica 

Fopea, Adepa y la Academia Nacional de Periodismo repudian el procesamiento

Fopea

Ante la decisión del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, de procesar y embargar al periodista Daniel Santoro en el contexto del difundido caso de D’Alessio, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) -entidad que reúne a profesionales de medios de comunicación y docentes- advierte una vez más sobre la gravedad institucional de este procesamiento por ser una clara criminalización de la labor periodística.

 

Los periodistas, como todos los demás ciudadanos, estamos alcanzados por el principio de igualdad ante la ley y podemos ser investigados y enjuiciados cuando seamos parte de acciones ilícitas. Sin embargo, el uso del derecho penal para amedrentar a periodistas, limitar el ejercicio de su libertad de expresión y de su actividad profesional es una práctica frecuente en distintas partes del mundo y también en nuestro país.

 

La actividad de un periodista de investigación implica que conoce hechos que pueden ser ilícitos. Y su deber es publicarlos. Los periodistas pueden tener conductas extorsivas cuando callan lo que conocen a cambio de un beneficio pero no cuando publican como noticia un hecho de interés social que ha sido verificado y en el que todos los involucrados fueron consultados. En ese sentido, además, toda medida de prueba judicial debe ser proporcionada para resguardar el secreto de las fuentes.


Como ya dijéramos en su oportunidad, en el ejercicio periodístico el mero hecho de entrevistar en público a una fuente, o el intercambio de mensajes con una fuente informativa, no son indicios de ninguna comisión de delito. Las entrevistas y el contacto con fuentes de toda naturaleza forman parte de la rutina diaria y permanente en los medios de comunicación.

Adepa

Tras conocerse la resolución del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la que dictó el procesamiento y embargo del periodista Daniel Santoro por los presuntos delitos de coacción y tentativa de extorsión, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), organización que nuclea a las empresas periodísticas, editoras de diarios, periódicos, revistas y sitios web de nuestro país, expresa su preocupación por el mismo, y confía en que, en los pasos siguientes, prime la sana doctrina que consagra a la libertad de prensa como institución indispensable para el funcionamiento del sistema democrático y republicano de gobierno.

Adepa ha reiterado desde sus orígenes que el oficio de periodista no otorga privilegios ni indemnidades a la hora de rendir cuentas ante la Justicia. Pero al mismo tiempo, siempre ha dejado claro que la labor periodística y el acceso a la información sí deben ser protegidos -como lo hace de manera estratégica nuestra Constitución Nacional- para favorecer un mayor control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno, los abusos y los eventuales delitos que se cometan desde el poder.

 

Desde que se conoció esta denuncia, Adepa ha puesto de manifiesto que no deben confundirse las conductas o los antecedentes que posean eventuales fuentes de información periodística, con el trabajo que hacen los profesionales de prensa para llevar esa información a la luz pública.

 

Cualquier intención de identificar ambas figuras debe ser de interpretación extremadamente restrictiva, ya que conduciría a una autocensura inaceptable a la hora de informar sobre asuntos de interés público. Existen sobradas muestras, en la evolución del periodismo político y de investigación, de hallazgos relevantes para la sociedad basados en fuentes con eventuales antecedentes reprochables.

 

Otro de los aspectos que se pone en juego con la medida judicial es uno de los principios básicos del derecho a la información: el secreto de las fuentes periodísticas. Se trata de otra de las garantías que la Constitución le otorga a medios y periodistas para favorecer, por ejemplo, la investigación de la corrupción. La difusión indiscriminada de mensajes privados, muchos de ellos sin interés específico o al solo efecto de intentar mostrar un vínculo que Santoro no negó, debilita el valor de esta herramienta esencial para la transparencia en los regímenes democráticos.

 

Adepa confía en que este proceso judicial concluya siguiendo la buena doctrina de amplísima protección a la libertad de prensa. Lo contrario, sentaría un grave precedente en democracia. Ésta necesita que todas las instituciones se fortalezcan. Una libertad de prensa debilitada puede constituir el primer paso en el peligroso camino del debilitamiento del sistema democrático y republicano de gobierno.En su reunión mensual de hoy que coincidió con el auto de procesamiento al periodista y miembro de número Daniel Santoro, la mesa directiva de la Academia Nacional de Periodismo dio a conocer la siguiente declaración.

Academia Nacional de Periodismo

 

La Academia Nacional de Periodismo -asoación civil integrada por destacados profesionales- reitera su preocupación por la situación procesal del periodista y académico Daniel Santoro, a quien el Juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, le ha dictado auto de procesamiento y embargo, por presunta coacción y tentativa de extorsión.

 

Considera su vinculación con una fuente de información, luego acusada de asociación ilícita y otros delitos conexos. La imputación a Daniel Santoro, sin considerar su procedencia, viola el principio básico de nuestra profesión, el libre acceso a toda fuente y la preservación de su identidad.

 

Es de esperar que el trámite posterior a la causa demuestre su inocencia para alivio de su persona y satisfacción de la libertad de prensa.

 

Integran la Mesa Directiva de la Academia Nacional de Periodismo Lauro Laiño presidente, Magdalena Ruiz Guiñazú Vicepresidente, Jose Ignacio Lopez secretario, Fernando Sánchez Zinny prosecretario.


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