La fiscal reclamó 18 años de prisión para el general César Milani por la represión en La RiojaPolítica 

La fiscal reclamó 18 años de prisión para el general César Milani por la represión en La Rioja

La fiscal federal Virginia Carmona pidió ayer 18 años de prisión para el ex jefe del Ejército de Cristina Kirchner, general César Milani, por su supuesta participación en la represión ilegal de la dictadura en La Rioja. 

Anoche, la fiscal solicitó además, al tribunal oral, 20 años para el ex juez federal Catalán y 12 para el teniente Santacrocce por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante el juicio oral que se sustancia en esa provincia y cuya sentencia se conocería el viernes próximo.

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En cambio, Carmona reclamó para Leónidas Moliné, Miguel Angel Chiarello, Eliberto Goenaga, Angel Ricardo Pezzetta 8 años de prisión para cada uno de ellos por tormentos agravados en calidad de autores y para  Domingo Vera 4 años por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. Mientras, que pidió para Carlos Asunción Rodríguez Alcántara 7 años por su participación necesaria en tormentos y para José Bernaus también a 8 años, pero por privación ilegítima de la libertad agravada-. 

La semana pasada, la querella de la familia de Pedro y Ramón Olivera pidió condenar a 20 años de prisión a Milani, al finalizar su alegato en el juicio oral en La Rioja, por los secuestros y torturas que ambos sufrieron durante la última dictadura en marzo de 1977.

“Queda acreditado que Milani formó parte del grupo de inteligencia que se movía con autonomía, no sujeto a los controles de rutina, que participaba en allanamientos, detenciones, torturas y detención de personas”, sostuvo la abogada Adriana Mercado Luna, de la querella por los familiares, en el alegato ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja.

La misma pena reclamó para el teniente primero Alberto Solano Santacroce y el ex juez federal de esa provincia Roberto Catalán.

Los acusados eran “funcionarios públicos” y “no mostraron ningún arrepentimiento”, remarcó la querella al pedir la pena a cumplirse en cárcel común.

“Fue enorme el daño causado a las víctimas y sus familiares”, advirtieron las abogadas querellantes y remarcaron que Milani tenía acceso a los juzgados y estaba presente en la toma de declaraciones.

La querella de la familia Olivera remarcó que se trata de “delitos de lesa humanidad, imprescriptibles” al tiempo que negó “intencionalidad política” en la denuncia iniciada mucho antes de “saber” que Milani sería nombrado jefe del Ejército.

“Milani en su carácter de funcionario público irrumpió violentamente en el domicilio de la víctima, en el barrio Ferroviario, donde vivía el señor Pedro Olivera y su familia. Milani era un cuadro militar superior en el Batallón de Ingenieros”, remarcó la abogada.

El día del operativo en ese domicilio “él estaba como oficial de servicio”.

La víctima “era un perseguido político, un blanco”, agregó.

“El plan sistemático de exterminio estuvo signado por la impunidad de los ejecutores y Milani estuvo presente en numerosos operativos”, remarcó.

El ex jefe del Ejército debe responder “por privación ilegítima de la libertad agravada”, “tormentos agravados”y “asociación ilícita”, enumeró la querella.

“Todos delitos de lesa humanidad e imprescriptibles”, sostuvo.

Mercado Luna resaltó que “estamos aquí solo para pedir Justicia y aunque este pedido parezca una obviedad no lo es porque frente a los detractores de los juicios de lesa humanidad y de las políticas de verdad y justicia que se han evidenciado en estos últimos años, debemos defender la Justicia como el único mecanismo posible para saldar la deuda que la Nación Argentina tiene con este pasado trágico de nuestro país”.

Milani comenzó a ser juzgado el 3 de mayo en los tribunales federales riojanos, acusado de participar en los secuestros y torturas sufridas por Pedro Olivera (fallecido en 1999) y su hijo Ramón durante el año 1977, cuando era un subteniente y prestaba servicios en el Batallón 141.

El ex jefe del Ejército está imputado junto a Santacroce, y a ex juez Catalán, por privación ilegítima de la libertad agravada, allanamiento ilegal, imposición de tormentos agravados y asociación ilícita.

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