Un jefe de la Aduana de San Nicolás se negó hoy a declarar y seguirá detenidoPolítica 

Un jefe de la Aduana de San Nicolás se negó hoy a declarar y seguirá detenido

El alto funcionario de la Aduana de San Nicolás, Ademar Alberto Gutiérrez, detenido el miércoles, se negó a declarar hoy en la causa en la que está imputado por enriquecimiento ilícito, falseamiento en la presentación de sus declaraciones juradas de bienes y lavado de activos. Por el intento de ocultar pruebas, el aduanero seguirá con prisión preventiva.

Gutiérrez está acusado en la causa junto a su esposa e hijo. La detención ordenada por el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, se produjo a pedido del fiscal federal de esa ciudad, Matías Di Lello. En los últimos años, la Aduana de San Nicolás creció en importancia por la apertura de una serie de puertos privados en el norte de la provincia.

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El fiscal había fundamentado la solicitud de detención del jefe interino de la Sección Inspección Operativa de la repartición nicoleña al advertir una serie de acciones que generaron la sospecha de que el funcionario “tenía conocimiento de las medidas a producirse en el marco de la presente investigación”.

Para el fiscal no se trataba de “meras coincidencias”. Entre ellas: viajes hacia la Ciudad de Buenos Aires para “resguardar documentación” en una baulera  a más de 250 kilómetros de su domicilio. Su presencia en la sucursal “San Nicolás del Banco de la Nación Argentina, escasos minutos antes del procedimiento realizado en esa entidad” -ocasión en la que fue demorado portando 36 mil dólares, cerró dos cajas de seguridad y abrió una nueva-; y la indicación de no hablar por teléfono, cuando ciertas líneas ya estaban intervenidas.

La pesquisa comenzó en enero de 2017, a raíz de una presentación de la Unidad de Auditoría Interna de la AFIP y la Oficina Anticorrupción. Luego fue remitida a la justicia federal de San Nicolás por razones de competencia territorial.

Para la Fiscalía Federal, Gutiérrez obtuvo fondos de manera ilícita “durante su desempeño en la administración pública nacional”, donde se desempeña desde 1980, y los convirtió en bienes, “mediante lo cual adquirieron apariencia de un origen lícito”. Para ello habría inscrito algunos a nombre de su esposa y su hijo.

En cuanto a los bienes, el MPF le atribuye la propiedad de una decena de inmuebles; de autos, camionetas y un cuatriciclo; una cuenta en el Safra National Bank of New York con 650 mil dólares y otras en la Argentina con sumas millonarias y plazos fijos en pesos. Asimismo, se le endilga haber falseado datos que debía consignar en las declaraciones juradas patrimoniales “con el fin de evitar ventilar la totalidad de su patrimonio”. Para Di Lello “se determinó que los montos informados a la Oficina Anticorrupción mediante las DDJJ presentadas al menos durante el período 2010 a 2014, resultan muy inferiores a los declarados por igual concepto ante la AFIP”.

La génesis del caso fue una denuncia radicada ante la Oficina Anticorrupción (OA), en la que se dio a conocer que Gutiérrez Chiapas “compró en efectivo” un campo ubicado en el partido bonaerense de Marcos Paz por un “valor que no condice con sus ingresos”.

Tras cruzarse los datos emanados de los ingresos y el capital que el funcionario poseía a la fecha de la compra, se estableció que había “grandes inconsistencias patrimoniales que no permitirían justificar liquidez para la adquisición” del predio.

Además, “se pudo vislumbrar la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito con una pluralidad de inmuebles que arrojan cifras en dinero estadounidense millonarias, ya que se solicitó a la autoridad judicial sus declaraciones juradas, la apertura del secreto bancario y fiscal, como así también se realizaron extensas labores de carácter encubierto en al menos cuatro provincias del país”, dijo una fuente policial.

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