El Gobierno debe restituir las pensiones por discapacidad que suspendió desde 2016Economía 

El Gobierno debe restituir las pensiones por discapacidad que suspendió desde 2016

La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Luis René Herrero y Nora Carmen Dorado, concedió “con carácter devolutivo” el recurso extraordinario que presentó la Agencia Nacional de Discapacidad (AND). Esto significa que hasta que se pronuncie la Corte Suprema la Agencia debe restituir las pensiones por discapacidad anulada o suspendida durante 2016. Se estima que en total hubo más de 50.000 suspensiones y bajas de esas pensiones.

En los fundamentos de la sentencia los camaristas dicen que tomaron esa decisión “en orden a preservar los derechos alimentarios de los sujetos representados por la actora que revisten carácter constitucional y convencional, la naturaleza asegurativa de la protección cautelar sobre derechos en riesgo y la garantía de la tutela judicial”.

Además, sostienen que “la sentencia definitiva de esa Sala descalificó la validez de varios artículos de un decreto del Poder Ejecutivo por estimarlos contrarios a la Constitución Nacional y a varios instrumentos internacionales suscriptos por el Estado Argentino”.

Mirá también

Newsletters Clarín

Qué pasó hoy | Te contamos las noticias más importantes del día, y que pasará mañana cuando te levantes

De lunes a viernes por la tarde.

Recibir newsletter

Como explicó Clarín, en la causa “Asociación Red por los derechos de las personas con discapacidad (Redi) y otros c/Ministerio de Desarrollo Social s/amparos”, la Sala II declaró inconstitucional los artículos del decreto 432/97 que limitan el derecho a la pensión por discapacidad y de la Resolución 268/18 de la ANSeS que establece un circuito de descargo ante la suspensión y caducidad de las pensiones por vía telefónica de 10 días bajo pena de cortar el beneficio.

Al declarar inconstitucionales esas normas, “el Estado debe reintegrar las pensiones no contributivas suspendidas o dadas de baja desde el año 2016, es decir se amplía un año con relación a la sentencia de septiembre de 2018 que obligaba a devolver pensiones desde 2017. El Jefe de Gabinete de Ministros deberá fijar nuevamente la partida necesaria del presupuesto para dar cumplimiento a la sentencia”, dicen en Redi.

En el fallo, los jueces señalan que el decreto 432 exige para acceder a esa prestación que la persona tenga una invalidez en su capacidad laborativa superior al 76%, no tenga bienes, recursos o ingresos que permitan su subsistencia y no tenga parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos.

Mirá también

Para los camaristas, una persona discapacitada no puede verse privada de su prestación (equivalente al 70% del haber mínimo) porque su cónyuge goza de un beneficio previsional o asistencial (“la mayoría irrisorios y por debajo de la línea de la pobreza”), o porque tiene parientes obligados a proporcionarle alimentos, o familiares que puedan asistirlo.

En este caso, agregan, la persona discapacitada “debería promover costosos procesos civiles o penales contra su cónyuge, parientes cosanguíneos o afines, ascendientes o descendientes u otros familiares que podrían asistirlo remisos o insensibles frente a las obligaciones alimentarias”.

También la sentencia impugna que la persona discapacitada deba comunicarse telefónicamente al *130 para realizar el descargo so pena de suspenderse el pago del beneficio porque afecta la defensa en juicio y, además “no contempla los casos de discapacitados auditivos, invidentes o ambliopes (problemas de visión)”.

NE

Articulos relacionados