La dura acusación contra Cristina, punto por puntoPolítica 

La dura acusación contra Cristina, punto por punto

Al final de todos los acusados, a las 13.20 Cristina Kirchner comenzó a escuchar de qué se la acusa individualmente en la causa que la llevó por primera vez al banquillo en una causa por corrupción. Tres filas más adelante estaba sentado Lázaro Báez, quien administró sus hoteles hasta 2013 y fue el principal inquilino de su inmobiliaria Los Sauces. Pero en esta causa, el empresario K está señalado como el beneficiario de los contratos viales por un total de 46.000 millones de pesos, muchos de los cuales estuvieron “plagados de irregularidades.”

La senadora llevaba unos minutos mirando su celular cuando levantó la vista para mirar al tribunal mientras comenzaba la lectura de la imputación en su contra. A su izquierda, su abogado defensor Carlos Beraldi seguía con atención sus comentarios. Por un instante, juntos miraron algo en el teléfono. Fueron unos pocos segundos, mientras de fondo la secretaria del TOF 2 continuaba con la lectura de la acusación.

Mirá también

Newsletters Clarín

Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos

De lunes a viernes por la mañana.

Recibir newsletter

“Se le imputa a Cristina Elisabet Fernández el haber tomado parte de una asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado, entre los que se encontrarían Néstor Carlos Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Carlos Santiago Kirchner, Nelson Guillermo Periotti, y al menos, el empresario Lázaro Antonio Báez, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, con el objeto de cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, a través de, entre otras maniobras, la defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero“, fue lo primero que se escuchó.

Sin convalidar ninguno de los planteos, Cristina no disimuló su disgusto ante esta instancia, a la que temprano desde las redes sociales volvió a calificar de “persecución política”. De forma constante dialogó con su abogado, en charlas intercaladas con algunas notas que iban tomando mientras seguía supervisando el celular.

Entre otros puntos, a la senadora se le atribuye que “mientras se desempeñó como Presidente de la Nación entre los años 2007 y 2015 continuó con la dirección, ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción en la obra pública vial que venía desarrollándose desde la presidencia de Néstor Kirchner y de la que había participado en la ideación y conformación junto con aquél, posibilitando que en forma periódica y constante se continuaran sustrayendo fondos públicos mediante la maniobra de defraudación al Estado Nacional”.

Mirá también

En su rol de Jefa de Estado, la acusación indica que Cristina dirigió y controló el modo en el que se desarrollaba dicho sistema, utilizando la burocracia estatal —que se encontraba a su cargo— a los fines de que a través de sus distintos estamentos los funcionarios que dependían funcional y jerárquicamente de ella realizaran las conductas necesarias con el objetivo de garantizar el éxito del plan criminal por el que se defraudaría al Estado Nacional mediante un esquema de beneficios a favor de las empresas de Lázaro Báez en detrimento del interés estatal y en perjuicio del erario público“.

En otro tramo de la lectura de la acusación se indicó que con el objetivo de “canalizar una enorme cantidad de fondos públicos hacia la mencionada jurisdicción, (Cristina) utilizó abusivamente los distintos mecanismos de financiamiento a su alcance para de ese modo nutrir de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad, para que desde allí los fondos fluyeran hacia las empresas de su socio”.

Mirá también

La lectura continuó, hasta la conclusión de que para el Ministerio Público Fiscal la senadora de Unidad Ciudadana “participó como jefa de una asociación ilícita que estuvo conformada por otros funcionarios públicos y por personas que actuarían como privados, la que actuó en forma estable y permanente por más de doce años y tuvo por objetivo sustraer y apoderarse de fondos públicos, mediante entre otros planes delictivos, la defraudación al Estado Nacional y el lavado de dinero”.

Cristina escuchó la acusación sin mirar detenidamente al tribunal. Casi al final se leyó que su responsabilidad incluye la “intervención criminal en la maniobra defraudatoria al Estado Nacional a través de la obra pública vial, en la que participó al haber mantenido la estructura de funcionarios montada para garantizar su éxito, al haber empleado distintos mecanismos de financiamiento para que Báez fuera el único contratista de obra pública sin deudas al finalizar su segundo mandato, al haber promovido y facilitado la actuación irregular de los funcionarios a su cargo”.

Mirá también

El objetivo de todo, según la acusación, fue que una “porción de ese dinero atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a través de distintas maniobras de lavado de activos basadas en la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”, que se investigó en las causas Hotesur y Los Sauces.

Articulos relacionados