Los padres defienden una escuela privada que el gobierno de Santa Cruz quiere cerrarSociedad 

Los padres defienden una escuela privada que el gobierno de Santa Cruz quiere cerrar

Un grupo de padres de estudiantes del Colegio Digital de Las Heras, Santa Cruz, viene desarrollando acciones para impedir que la escuela sea cerrada. Las autoridades educativas provinciales alegan que la institución no está habilitada. Le enviaron una nota a la gobernadora Alicia Kirchner.

Ludovico Lobayán es médico generalista y laboral y trabaja en el hospital de La Heras. Su hija de 15 años es alumna del colegio privado que está en conflicto. “Pertenece a una empresa que inauguró la primera de sus escuelas en Caleta Olivia, hace unos tres años, con presencia de funcionarios y una teleconferencia con la entonces presidenta Cristina Kirchner. Aparentemente tenían mucho apoyo. Después, abrieron otra en Pico Truncado y finalmente ésta, en nuestra ciudad”, resume. Desde el año pasado, sin embargo, el funcionamiento del colegio empezó a estar en riesgo porque carece de las autorizaciones necesarias.

No estamos luchando por un bando. Que se entienda que se les está haciendo daño a los niños

Los propietarios alegan que, si bien es verdad que no tenían habilitación cuando abrieron la escuela en Las Heras, obtuvieron la venia del entonces presidente del Consejo Provincial de Educación Roberto Borselli para funcionar como sucursal de sus otras dos sedes mientras la gestionaban. “Pero hubo un cambio de autoridades, asumió María Cecilia Velázquez en el Consejo y entonces, por votación, decidieron el cierre del colegio. Entiendo que hay un trasfondo político en todo esto, que puede tener que ver con el alineamiento del dueño, pero en el medio están los chicos”, lamenta Lobayán.

Según el médico, el colegio vino a paliar el déficit de oferta educativa en la ciudad del norte de la provincia, con población creciente y fuentes laborales dependientes de la explotación de hidrocarburos.

“Nosotros decidimos pagar una escuela privada porque hace varios años, por lo menos seis, que no se cumplen los 180 días de clases. Hubo años en que las clases empezaron en agosto. Es muy triste ver a una hija tirada en un sillón, sin ir al colegio. No criticamos la calidad de los docentes, que es muy buena. Pero en la provincia hay un conflicto eterno con los maestros, que amaina antes de las elecciones, pero después siempre vuelve atrás”, agrega.

Según Lobayán, el colegio, que tiene salas de 4 y 5 años, primaria y algunas secciones de educación media, “venía funcionando bien, con buen nivel académico, con alrededor de 230 alumnos, pero ante esta situación, todo quedó en stand by”.

Policías en la puerta

En el año 2018 se presentó un primer recurso de amparo para que el COLHE pudiera funcionar, la jueza que lo concedió fue apartada con una acusación de prevaricato. El siguiente magistrado le dio la razón al Consejo y ordenó colocar un móvil policial frente a la escuela para evitar que se dieran clases.

La semana pasada la Cámara Civil de Caleta Olivia decidió que la causa tramitara sin efecto de suspensión de funcionamiento y ordenó que se levantara el dispositivo policial.

El juez ordenó colocar un móvil policial frente a la escuela para evitar que se dieran clases.

Lobayán opina que esta es una situación de equilibrio precario, y que hay “una decisión manifiesta” por parte del gobierno de cerrar definitivamente el COLHE. Por eso, le enviaron una carta a la gobernadora Kirchner. “Yo pido que piensen en los chicos, que habiliten esta opción educativa porque además no hay suficientes vacantes en el sistema público, hay grados con 45 alumnos. Algunos estudiantes han vuelto a la educación pública, otros decidieron esperar, como en nuestro caso”, añade.

“No estamos luchando por un bando. Que se entienda que se les está haciendo daño a los niños”, concluye.

El Concejo Deliberante de la ciudad emitió una resolución expresando su apoyo a los padres.

Entretanto, Andrés Álvarez, secretario general del gremio de los docentes privados (SADOP) sostuvo ante un portal digital local: “No le podemos pedir a nadie que incumpla con la ley, ni podemos alentar a que ello suceda, pero sí nos preocupa que solo se tomen medidas sobre un caso particular, dejando a docentes sin su fuente laboral, cuando hay incumplimientos de ley por parte de casi la inmensa mayoría de los establecimientos de Gestión Privada, estén o no subvencionados”.

El sindicato había tenido un conflicto con la patronal del colegio cuando se registró el despido de once docentes, hace seis meses.

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