El Gobierno defendió el proyecto que obliga a los sindicalistas a presentar sus declaraciones patrimonialesPolítica 

El Gobierno defendió el proyecto que obliga a los sindicalistas a presentar sus declaraciones patrimoniales

El debate por el proyecto de nueva Ley de Ëtica Pública arrancó en la tarde de este martes en Diputados con discusiones sobre uno de los temas más sensibles: las declaraciones juradas de los sindicalistas.

“Estudiamos un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del doctor Carlos Fayt, de que el control del Estado hacia los sindicatos se encuentra más que justificado por el lugar que ocupan en la sociedad”, defendió Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, el texto enviado por el Ejecutivo días atrás al Congreso, elaborado por la OA y el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano.

Presentación del proyecto de ética pública en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Newsletters Clarín

Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos

De lunes a viernes por la mañana.

Recibir newsletter

Directivos de los gremios y de las obras sociales están obligados a presentar sus declaraciones juradas, de acuerdo con el proyecto, de 74 artículos, que propone una reforma integral a la normativa actual.

Alonso y el secretario de Fortalecimiento Institucional de la jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez, expusieron ante un plenario informativo conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los macristas Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky.

“Estamos frente a una oportunidad única e histórica de modernizar y actualizar el régimen”, transcurridos ya 20 años de la sanción de la norma, sostuvo Alonso.

Dos dipusindicales manifestaron objeciones a incluir a los gremios en los alcances de la ley. La massista Carla Pitiot, que es abogada del gremio APOC (Asociación del Personal de Organismos de Control), ironizó que pese a los “clamores populares” para que los sindicalistas muestren sus declaraciones los sindicatos “no reciben fondos públicos”. De todas formas dejó claro en nombre del massismo el respaldo a la necesidad de la reforma a la ley, aunque anticipó que su bloque presentará dictamen propio.

Mirá también

Más lejos fue la cristinista Vanesa Siley (abogada, y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad), que no sólo sostuvo que la asociación sindical es “de naturaleza privada” sino que opinó que de incorporarse a los sindicatos, lo mismo debía hacerse con las asociaciones empresarias, “por el principio de igualdad”.

Al cruce salió la cambiemita Graciela Ocaña. Sostuvo que los fondos de la salud “son públicos” y que la propia OIT “recomienda la transparencia en los sindicatos”.

Mirá también

Desde el bloque del FpV le pusieron pimienta al cónclave con críticas a la actuación de Alonso como jefa de la OA -una de las funcionarias más cuestionadas por la oposición- en casos de presunta corrupción o conflictos de intereses de los funcionarios macristas y ex directivos de empresas. Con su vehemencia habitual la rionegrina María Emilia Soria la llamó con ironía “empleada del mes del Presidente”.

“Estamos con este proyecto para que no vuelva a ocurrir el saqueo que hubo”, devolvió Alonso sin perder la calma. “Esta es una ley que tiene practicidad, pensada para ser implementada. ¿Cómo se resolvería un caso como el de (Juan José) Aranguren?”, dijo por el cuestionado ex ministro de Energía, ex CEO de Shell.

Mirá también

“Vienen sus antecedentes antes de la designación y se le recomendaría vender sus acciones”, ejemplificó.

El jefe de la bancada K, Agustín Rossi, preguntó sin inocencia, y buscando incomodar, si no era una falta ética ser funcionario y al mismo tiempo tener cuentas o sociedades offshore.

“Hay sociedades investigadas de funcionarios de la gestión anterior”, devolvió Alonso y pidió poner el eje en otro lado: “Esta es una ley de ética Pública, no estamos discutiendo el Código Penal”.

El kirchnerista Guillermo Carmona también machacó sobre la incompatibilidad ética de ser funcionario y tener sociedades offshore y habló de “un descalabro de corrupción estructural” con la iniciativa así planteada, lo que generó comentarios risueños entre los diputados de Cambiemos.

La radical Karina Banfi defendió que “con la transparencia no se ataca a nadie, al contrario, se protege a las personas”.

Según explicó Alonso, el proyecto introduce un capítulo completo contra el nepotismo; establece una variedad de prohibiciones específicas de designación de familiares en todos los poderes; y amplía y clarifica el contenido a declarar, tanto en lo patrimonial como lo relacionado a intereses económicos y sectoriales.

El plenario se levantó pasando la iniciativa a los asesores de los legisladores, quienes se encargan del trazo grueso en la búsqueda de los acuerdos.

Articulos relacionados