Condenan a pagar $ 7.800 al joven que hizo una falsa amenaza de bomba contra el colegio de la hija de MacriPolítica 

Condenan a pagar $ 7.800 al joven que hizo una falsa amenaza de bomba contra el colegio de la hija de Macri

Un joven aceptó declararse culpable por una falsa amenaza de bomba realizada dos años atrás al colegio donde asiste la hija menor del presidente Mauricio Macri y deberá pagar los $ 7.823 que costó el operativo policial para desarticular su acto intimidatorio, según dijeron este lunes fuentes judiciales.

Se trata de José Matías Detang, de 19 años, quien pidió la suspensión del juicio en su contra a cambio de una “probation” admitida por el juez federal Sebastián Ramos y que incluye no sólo el pago por los gastos de la Policía sino también el dictado de charlas en la propia escuela sobre los efectos de las falsas amenazas de bomba como la que él efectuó el 29 de junio de 2017.

El colegio al que asiste Antonia Macri es el Jean Mermoz, un liceo francés del barrio de Bajo Belgrano al que también asistió el propio joven que ahora deberá cumplir esas penas alternativas a la prisión. Detang había sido procesado por la presunta comisión del delito de intimidación pública, castigado con hasta seis años de cárcel, pero sus abogados pidieron la suspensión del juicio, admitir su culpabilidad y ofrecer la reparación monetaria y social.

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El monto del costo que generó al Estado la “broma” del joven surgió de una valuación pedida por el juzgado a cargo de Ramos al Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich. La cifra incluye los gastos de las tareas posteriores realizadas para determinar de dónde había provenido la llamada recibida en el colegio donde estudia la hija del presidente Macri.

Al conceder la “probation”, el juez Ramos sostuvo que “aparece sustancialmente más provechoso aceptar el ofrecimiento formulado por Detang que la continuación del proceso a su respecto, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor expectativa radica en la imposición de una condena de ejecución condicional”, según dice el fallo al que Clarín tuvo acceso de fuentes judiciales.

“La reparación constituye un aporte para el logro de los fines mismos de la pena al reconocer un efecto resocializador. Ello así, pues obliga al autor del delito a enfrentarse con las consecuencias de su hecho, a conocer los intereses legítimos de las víctimas y, en ese contexto, se fomenta también el reconocimiento de las normas”, expresó el juez en su resolución.

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El magistrado calificó como “decisivo” para resolver el caso “la actitud del imputado, quien se puso desde un primer momento a disposición del Tribunal”, señaló. “Además, no resulta un dato menor que el procesado haya ofrecido cubrir los gastos del operativo policial generado a partir de su conducta”, agregó Ramos.

“Por otra parte, atendiendo a los tiempos socio­económicos que corren, dicho ofrecimiento resulta determinante para convencerme de adoptar la decisión que tomaré, por cuanto además de las jornadas educativas, resulta insoslayable la restitución de los fondos públicos que se utilizaron en razón del comportamiento del imputado”, concluyó el juez.

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