Piden afectar un barco, autos y una casa del Caballo Suárez al millonario embargo en su contra por supuesto lavadoPolítica 

Piden afectar un barco, autos y una casa del Caballo Suárez al millonario embargo en su contra por supuesto lavado

Según investiga la justicia, el ex secretario general del sindicato naviero SOMU, Omar “Caballo” Suárez, utilizó diversas empresas vinculadas a él o a su entorno para realizar distintas maniobras de lavado de activos. Ahora el fiscal Gerardo Pollicita pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que ordenen la afectación de bienes de Suárez y de todos los imputados en la causa que investiga el funcionamiento de una supuesta asociación ilícita hasta cubrir la cifra de 134 millones de pesos, considerando que en todas las maniobras investigadas se habrían lavado unos 13 millones. Una embarcación, autos y una vivienda son algunos de los bienes de los que Suárez perdería el control.

Las actividades por las que quedó detenido el “Caballo” fueron encuadradas bajo la figura de lavado de activos, que impone una multa de dos a diez veces el monto de la operación investigada. En consecuencia, “teniendo en cuenta que hasta el momento, la operatoria ilícita denunciada ascendería a 13.467.800 pesos, podría imponerse una pena pecuniaria entre 26.935.600 y 134.678.000 pesos”, señaló el fiscal Pollicita en el dictamen al que accedió Clarín.

En el marco de esta causa ya fue elevado a juicio oral el tramo en el que se acusa al sindicalista y a otros imputados vinculados a él por coacción agravada, a causa de los aprietes a empresarios a partir de la importación de combustible que comenzó a regir en el país desde 2008. 

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Con el avance de la causa, la fiscalía determinó que Suárez junto a Rigoberto Suárez Cardozo, Jorge Vargas, Juan Manuel Media, María del Carmen Cabrera Peña, Carlos Ruíz, Julio César Barrera y Juan Hugo Baneki, “organizaron un banda para exigir ilegalmente a distintas empresas del sector naviero en concepto de “donaciones” sumas adinerarias presuntamente destinadas a capacitar al personal del SOMU”. Esto se pedía a cambio de “no bloquear el ingreso de las embarcaciones a los puertos de nuestro país”. El dinero se facturaba a través de una de las empresas vinculadas a Suárez y no se contabilizaba en las cuentas del gremio.

Sumados otros delitos y maniobras, el sindicalista también terminó acusado por asociación ilícita. En este marco, se lo responsabilizó por dichos manejos con los fondos del gremio marítimo de administración fraudulenta en contra del SOMU.

Se determinó que el sindicalista y los demás acusados organizaron un plan “para operaciones de lavado de dinero ilícitamente obtenido, haciéndolo a través de su ingreso a las empresas del grupo Maruba (contratadas por el gremio): Marítima Maruba SA, Compañía Argentina de Remolques de Empuje SA, Empresa de Navegación Maruba SA, Alpha Shipping SA y Servicios Multistore SA.

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La fiscalía determinó que las operaciones de blanqueo ascendieron a 13.467.800 pesos, y por ello se pidió al juez que se trabe embargo “sobre los bienes individualizados de los imputados y personas a ellos vinculadas hasta cubrir la suma de 134.678.000 pesos”.

Ese embargo preventivo se requirió con fines de asegurar el decomiso de la totalidad de los saldos existentes en cuentas bancarias y que, una vez embargado el dinero, “a efectos de preservar su valor se disponga su depósito en un plazo fijo del Banco Nación, a 30 días renovable automáticamente, a la orden del Juzgado”.

De Omar Suárez se pidió el secuestro de una camioneta Amarok valuada en 720.000 pesos. También un cuatriciclo Yamaha de 350.000 pesos, una casa por 130.000 dólares, y una embarcación denominada “Numancia” – Matrícula 014548-REY.

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También se pidió la afectación de los bienes registrados a nombre de Lorena Suárez, hija del sindicalista detenido. A ella se le detectó un Toyota Corolla que vale 190.000 pesos. También, una propiedad en la porteña calle Amenábar que compró en 2008 por 153.000 dólares. En provincia de Buenos Aires registra un inmueble en Vicente López y varias cuentas bancarias.

De los demás acusados se pidió la afectación de siete embarcaciones, más de 50 vehículos, 42 propiedades tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires, y 55 extractos bancarios.

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